Los socialistas aseguran que mantienen solicitudes pendientes y que han recurrido al Comisionado de Transparencia; el Gobierno local ha defendido la legalidad del procedimiento de las obras de las antiguas carboneras de la MSP.
El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha denunciado dificultades para acceder a distintos expedientes municipales durante su labor de oposición y ha reclamado al equipo de gobierno que facilite la documentación solicitada dentro de los plazos correspondientes.
El PSOE sostiene que esta situación se ha repetido durante los últimos meses y asegura que mantiene pendientes de entrega varios expedientes. Entre la documentación que menciona figuran actuaciones relacionadas con obras ejecutadas por Somacyl para el Ayuntamiento, el expediente del comedor de La Placa y la documentación vinculada a las obras de las antiguas carboneras de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).
Los socialistas afirman además que han recurrido al Comisionado de Transparencia de Castilla y León en algunos de estos casos para reclamar el acceso a la información.
El expediente de las antiguas carboneras, en el centro del debate
La denuncia se produce un día después de que el PSOE reclamase explicaciones sobre el procedimiento seguido para adjudicar un contrato menor relacionado con las actuaciones complementarias realizadas en el entorno de las antiguas carboneras de la MSP.
Los socialistas cuestionaron las fechas que aparecen en la documentación del expediente y, entre otros aspectos, señalaron que una oferta de la empresa posteriormente adjudicataria, Zaobra, aparecía fechada antes de la solicitud formal de presupuestos y de la elaboración de la memoria técnica, según la documentación examinada por el grupo.
El contrato menor tenía un importe de 43.144,97 euros, IVA incluido, y estaba relacionado con actuaciones como juegos infantiles, canalización del alumbrado y pavimentación de una acera de protección.
El PSOE reclamó el expediente completo para poder determinar cómo se desarrolló el procedimiento.
El Ayuntamiento niega irregularidades
El equipo de gobierno respondió el martes a estas acusaciones.
La concejala Lidia Coca defendió la legalidad del procedimiento y explicó que se produjo una primera convocatoria que posteriormente tuvo que ser anulada por un defecto formal relacionado con la financiación europea. Según su versión, después se realizó una segunda convocatoria con la documentación correspondiente.
La explicación del Ayuntamiento difiere, por tanto, de la interpretación realizada por el PSOE sobre la secuencia de documentos y ofertas.
A fecha de esta información, las acusaciones del PSOE no deben presentarse como irregularidades acreditadas, sino como una denuncia política que el equipo de gobierno rechaza.
Qué dice la normativa municipal
El debate sobre el acceso a la documentación tiene además una base normativa concreta.
El Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada, aprobado definitivamente en julio de 2025, establece en su artículo 19 el derecho de los concejales a obtener del Gobierno y de la Administración municipal los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y sean necesarios para el desempeño de su cargo. El propio reglamento vincula este derecho con las funciones de control y fiscalización de la gestión municipal.
Por otro lado, el Ayuntamiento cuenta desde 2021 con una Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Buen Gobierno y Reutilización, aprobada definitivamente y en vigor desde julio de ese año.
La normativa municipal también contempla el derecho de acceso a la información pública para cualquier persona y establece la posibilidad de presentar reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León frente a determinadas resoluciones de acceso.
El PSOE pide que se agilice el acceso
A partir de esta situación, el Grupo Socialista reclama al alcalde, Marco Morala, que se facilite la documentación solicitada y se respeten los plazos establecidos.
Los socialistas consideran que el acceso a los expedientes resulta necesario para que los grupos de la oposición puedan ejercer sus funciones de control y fiscalización y sostienen que también afecta al derecho de los ciudadanos a conocer la gestión municipal.
El Gobierno municipal, por su parte, ha defendido en el caso de las antiguas carboneras que el procedimiento cuestionado se ajustó a la legalidad y que contó con la intervención de los servicios técnicos municipales.
El desarrollo de las solicitudes de información y, en su caso, las resoluciones del Comisionado de Transparencia permitirán comprobar documentalmente cada una de las reclamaciones planteadas.
